Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
El relato de corrupción del oficialismo se desmorona ante la justicia.

El gobierno de Claudio Poggi ha construido un relato de corrupción en torno a la compra de un colectivo, pero la justicia no encontró pruebas que lo sostengan. Durante dos años, el oficialismo utilizó esta historia como emblema de un supuesto delito, pero ahora queda claro que se trató de un montaje comunicacional que costó millones de pesos. Mientras tanto, la maquinaria mediática se encargó de repetir una y otra vez el mismo discurso, dejando en evidencia la manipulación política detrás de esta narrativa.
La estrategia fue clara: instalar un relato que uniera corrupción, fútbol y una exfuncionaria convertida en símbolo. A través de una producción constante y coordinada, el oficialismo logró que esta historia se convirtiera en el eje de su agenda política. No se trató de un fenómeno aislado; fue una campaña comunicacional que movilizó recursos y medios para sostener una verdad que nunca existió. La repetición de conceptos como ‘sobreprecio’ y ‘robo’ generó una atmósfera de certeza que ahora se desmorona ante la falta de pruebas.
La magnitud del gasto destinado a esta campaña es alarmante. Según datos del presupuesto provincial, entre 2024 y 2025, la Secretaría de Comunicación dispuso de miles de millones de pesos para difundir este tipo de relatos. Se estima que el caso del colectivo absorbió entre un 8% y un 10% de ese presupuesto, lo que equivale a decenas de millones de pesos mensuales. En total, el costo de mantener esta farsa supera los 600 millones de pesos, una cifra que pone en jaque la responsabilidad política del oficialismo.
El fallo judicial que absolvió a los acusados desarma el relato construido durante dos años. No hubo delito probado, y el famoso colectivo, cuyo costo rondaba los 290 millones de pesos, se convirtió en el símbolo de una historia insostenible. La pregunta que surge ahora es inquietante: ¿cuánto cuesta instalar una verdad que no se puede probar? Mientras el expediente se desinflaba, la maquinaria comunicacional continuaba funcionando, alimentando una narrativa que nunca encontró su base en la realidad.
Al final, queda claro que se gastó el equivalente a dos colectivos para sostener un relato que no pudo demostrar ni uno. La manipulación política ha dejado un costo social y económico que no se puede ignorar. La impunidad y el conflicto son palpables: el escándalo se amplificó, pero la justicia no encontró sustento. La pregunta es quién pagará el precio de esta mentira.