Poggismo: $2 millones en un colectivo para presionar jueces

El gobierno de Claudio Poggi utilizó $2 millones del canal estatal para alquilar un colectivo con el objetivo de presionar a jueces. La maniobra se llevó a cabo el día de la primera audiencia judicial de Cintia Ramírez, ex funcionaria con causas abiertas. Adriana Gurlino y Emanuel Moreno, responsables de la dirección de streaming del canal, fueron los artífices de esta operativa que pone en jaque la independencia judicial.

Gurlino y Moreno coordinaron el traslado del colectivo desde San Juan a los Tribunales de San Luis, todo con la intención de crear una escena para el programa Agenda Directa. El vehículo, alquilado a la empresa Transporte Romero, fue presentado como parte de un documental, pero la realidad es que su único propósito era generar un espectáculo mediático que intimidara a los jueces. La falta de ética en el uso de recursos públicos es alarmante y pone de manifiesto el desprecio del gobierno por el sistema judicial.

El propio Moreno se encargó de colocar un cartel en el colectivo, y todo quedó registrado en un video que fue publicado antes de que finalizara la jornada. En el programa, Gurlino y Romero mostraron desconcierto mientras sus propias acciones eran evidentes. Esta actuación no fue un hecho aislado: contó con el respaldo del secretario de Comunicación, Diego Masci, y de Emiliano Pascuarelli, responsable de la señal pública, lo que demuestra una clara complicidad en este acto de presión.

La respuesta de Transporte Romero fue intentar negar la propiedad del colectivo, aunque finalmente reconocieron que el vehículo estaba destinado a filmar un documental. Sin embargo, la realidad es que el uso del colectivo para influir en un proceso judicial es inaceptable. En el Poder Judicial, la situación fue interpretada como una presión directa, un claro intento de manipulación del sistema judicial que no puede ser ignorado.

La pregunta que queda en el aire es quién pagará por esta maniobra. Si los $2 millones salieron del canal estatal o de otra fuente, solo una auditoría podrá aclarar la situación. Lo que está claro es que Poggi y su equipo han cruzado una línea que no debería ser cruzada. La independencia judicial está en juego y la responsabilidad política de los involucrados es ineludible.