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El gobierno de Milei lanza la nueva obra social militar en medio de críticas y caos.

El 1 de abril se pone en marcha la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que reemplaza al desprestigiado Iosfa. Sin embargo, el cambio de nombre no oculta la cruda realidad: una deuda acumulada de $212.000 millones y cortes de prestaciones en todo el país. La gestión de Javier Milei no solo ha sido incapaz de resolver el desfinanciamiento, sino que parece empeorar la situación para los afiliados, que ya enfrentan serias dificultades para acceder a servicios médicos básicos.
El nuevo organismo, creado por decreto, intentará absorber a 529.000 afiliados provenientes de Iosfa, pero con un escenario desolador. Las voces críticas apuntan a que el gobierno atribuye el incremento de la deuda a las contribuciones patronales no pagadas por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esta justificación no logra explicar por qué, a pesar de los anuncios de reestructuración, los problemas persisten y se agravan en el día a día de los beneficiarios.
El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, había prometido el saneamiento de la deuda, pero hasta ahora no hay señales de que el Estado asuma su responsabilidad. En provincias como Mar del Plata, los afiliados reportan tres meses sin prestaciones, forzándolos a pagar de su bolsillo por servicios esenciales. La situación es insostenible y revela un abandono sistemático de quienes han servido al país, dejando a miles de familias en una situación de vulnerabilidad extrema.
Mientras el gobierno asegura que las prestaciones se regularizarán a medida que lleguen los recursos, la falta de claridad y la ausencia de medidas concretas generan desconfianza. Se habla de un rediseño estructural, pero en la práctica, las familias enfrentan la realidad de un sistema colapsado. La promesa de un nuevo comienzo se convierte en un espejismo, y el temor a que la situación se agrave es palpable entre los afiliados, que ven cómo sus derechos se desvanecen.
El futuro de OSFA se presenta incierto, y la presión sobre el gobierno aumenta. Cada día que pasa sin soluciones efectivas es una nueva oportunidad para que se evidencie la falta de compromiso del Estado con sus ciudadanos. La pregunta es: ¿cuántas más tendrán que esperar los afiliados antes de que se tomen decisiones que realmente mejoren sus condiciones de vida?