Milei refuerza la propiedad privada a costa de derechos

El Gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto que busca reestablecer la protección de la propiedad privada, modificando leyes que limitaban el acceso a terrenos por parte de extranjeros. La iniciativa, que se presenta como un intento de fortalecer la seguridad jurídica, expone claramente quiénes son los beneficiados: los grandes propietarios y el sector agropecuario. Mientras el país enfrenta crisis económicas, el Ejecutivo prioriza los intereses de unos pocos sobre los derechos de la mayoría.

El proyecto introduce el juicio sumarísimo para desalojos, lo que implica que los propietarios podrán recuperar inmuebles usurpados en un plazo de cinco días. Esto no solo acota la capacidad de defensa de los ocupantes, sino que también plantea un riesgo de abusos y despojos. Con esta medida, Milei deja en evidencia su alineación con un modelo que favorece la propiedad privada por encima de las necesidades sociales, ignorando el contexto de vulnerabilidad que viven miles de argentinos.

Además, la propuesta incluye modificaciones al régimen de expropiación, endureciendo los requisitos para que el Estado tome posesión de bienes ajenos. Esto es un claro guiño a los sectores más poderosos, quienes ven en este cambio una oportunidad para maximizar sus ganancias, mientras que las comunidades afectadas por políticas de desalojo quedan desprotegidas. La crítica implícita al kirchnerismo, que había establecido regulaciones para proteger derechos, revela la intención del actual Gobierno de desmantelar cualquier atisbo de justicia social.

Otro punto polémico es la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que se presenta como un incentivo a la inversión internacional. Sin embargo, esta medida podría significar un despojo para los ciudadanos argentinos, quienes ven cómo sus tierras son arrebatadas por intereses foráneos. La idea de que esto beneficiará al país es un discurso vacío que oculta un conflicto de intereses evidente.

El proyecto también propone cambios en la regularización de barrios populares, dejando en manos de provincias y municipios la responsabilidad de resolver problemas habitacionales. Esto es un claro abandono de la responsabilidad estatal, que se escuda en la descentralización para eludir su obligación de garantizar derechos. La falta de acción efectiva en este sentido deja a muchos sin respuestas y perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión. El Gobierno de Milei sigue avanzando en una agenda que prioriza el capital por sobre la dignidad y los derechos de la población.