El poggismo fracasó en el juicio a Ramírez

El juicio contra Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes, terminó en un escándalo para el oficialismo. A pesar de las millonarias inversiones en pauta oficial y operaciones mediáticas, el Colegio de Jueces la absolvió por falta de pruebas. La fiscalía había pedido penas de entre 5 y 7 años de prisión, pero el resultado expone la fragilidad del caso armado por el gobierno de Claudio Poggi.

El tribunal, conformado por Fernando de Viana, Karina Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur, no encontró méritos suficientes para condenar a Ramírez. En cambio, le impuso una condena en suspenso por negociaciones incompatibles con la función pública. Esta decisión deja al descubierto la ineficacia del aparato judicial que el poggismo intentó utilizar para su beneficio político. La defensa ya anticipó que apelará, lo que prolongará el conflicto.

El gasto público en esta causa es alarmante. El oficialismo no solo destinó millones en publicidad y operaciones en redes sociales, sino que también alquiló colectivos para presionar a jueces y generar un clima de intimidación en torno al juicio. A pesar de estos esfuerzos, la falta de pruebas fue determinante y se tradujo en un fracaso rotundo del plan de Poggi. La inversión de recursos estatales para sostener una persecución judicial que no prosperó es un claro indicio de la descomposición política en la que se encuentra el gobierno.

La condena por negociaciones incompatibles sugiere que Ramírez actuó en una zona gris, pero esa figura no es lo que el poggismo buscaba. Querían penas severas y una condena ejemplar, pero terminaron con un resultado que les resulta incómodo. Este episodio no solo deja en evidencia el uso indebido de recursos públicos, sino que también plantea serias preguntas sobre la responsabilidad política de quienes orquestaron esta maniobra judicial fallida.