El Estado debe indemnizar a víctimas de Once

La Corte Suprema de Justicia ha decidido que el Estado Nacional debe indemnizar a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. Este accidente, que dejó 51 muertos y cerca de 800 heridos, expone la falta de control del gobierno sobre la seguridad en el transporte público. La sentencia firme es un golpe directo a la gestión de los responsables políticos de la época, que intentaron evadir su responsabilidad.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los recursos extraordinarios presentados por el Estado y la aseguradora, lo que evidencia la ineficacia de sus intentos por eludir la indemnización. Las víctimas, que sufrieron traumas físicos y psicológicos, demandaron al Estado, a la empresa concesionaria TBA y al maquinista, señalando negligencia en la conducción del tren y fallas en los sistemas de seguridad. La Corte no dejó lugar a dudas: el Estado es parte responsable en esta tragedia.

La tragedia de Once no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de desinversión y falta de mantenimiento en el sistema ferroviario. En 2018, Julio De Vido, exministro de Planificación, fue condenado por administración fraudulenta, pero muchos cuestionan si esta condena es suficiente frente a la magnitud del desastre. La absolución de otros funcionarios en juicios previos plantea interrogantes sobre el verdadero alcance de la justicia en este caso.

Las familias de las víctimas han luchado incansablemente por justicia y reparación. La Corte, al desestimar los recursos del Estado, reafirma la necesidad de que se asuman las responsabilidades políticas. Esto no solo es un triunfo para las víctimas, sino también un mensaje claro a los funcionarios actuales y futuros: la impunidad no será tolerada. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es: ¿será suficiente esta indemnización para sanar las heridas de quienes perdieron a sus seres queridos?

La decisión de la Corte deja un legado de responsabilidad que el Estado no puede ignorar. La tragedia de Once debe ser un recordatorio constante de que la seguridad de los ciudadanos no puede ser una cuestión secundaria. Con cada indemnización, se exige un cambio profundo en la gestión del transporte público. La lucha por justicia sigue viva, y el costo político de esta tragedia aún resuena en la memoria colectiva.