Policía procesado por herir a jubilada en marcha

La Cámara Federal de Comodoro Py ha ratificado el procesamiento del oficial de la Policía Federal, Nicolás Emanuel Céspedez, por lesiones leves agravadas tras agredir a Beatriz Blanco, una jubilada de 82 años. El incidente ocurrió durante una manifestación el 12 de marzo frente al Congreso, donde la mujer sufrió un traumatismo encefalocraneano tras caer al suelo durante el operativo policial. Este episodio no es un hecho aislado; ilustra la violencia desmedida que se ejerce contra quienes se atreven a alzar la voz en este país.

El tribunal desestimó los argumentos de la defensa del policía, que intentó justificar su accionar alegando un ‘acto reflejo’. El juez Roberto Boico fue contundente: no hubo agresión por parte de la jubilada que justificara el uso de la fuerza. La decisión de Céspedez de empujar a una mujer anciana, con movilidad reducida, refleja una clara desproporción en el uso de la fuerza. Este tipo de violencia policial no solo lesiona físicamente a las víctimas, sino que también alimenta un clima de temor y represión en la sociedad.

La situación se agrava si consideramos que, durante la misma manifestación, otro individuo, el fotógrafo Pablo Grillo, resultó gravemente herido por el disparo de un proyectil de gas lacrimógeno. La Gendarmería disparó de forma horizontal, violando los protocolos establecidos. Este patrón de violencia institucional pone en evidencia una falta de control y responsabilidad que debe ser urgentemente abordada por las autoridades competentes. La impunidad con la que actúan ciertos sectores de la fuerza policial es inaceptable.

El monto del embargo de $40 millones sobre los bienes de Céspedez, dispuesto por la jueza María Servini, refleja la gravedad de sus acciones. Sin embargo, la discrepancia de opiniones entre los jueces que integran la Cámara sobre la imputación no hace más que generar confusión en un contexto donde la justicia debería ser clara y contundente. La falta de un consenso robusto sobre el caso deja abierta la puerta a futuras impugnaciones y a la posibilidad de que el oficial no enfrente las consecuencias que merece.

El caso de Beatriz Blanco es un llamado de atención sobre la necesidad de una reforma profunda en las fuerzas de seguridad. La violencia ejercida contra manifestantes, en especial los más vulnerables, es un reflejo de un sistema que prioriza el control sobre los derechos humanos. La lucha por justicia para la jubilada no solo es un reclamo individual, sino un grito colectivo que exige el fin de la impunidad policial. La sociedad no puede permitir que estos actos queden en la impunidad.