Data centers en Vaca Muerta: promesas vacías y falta de control

La instalación de mega data centers en la Patagonia se enfrenta a la ausencia de regulaciones claras, poniendo en riesgo el entorno y la comunidad local.

Data centers en Vaca Muerta: promesas vacías y falta de control

La llegada de mega data centers a la región de Vaca Muerta, en la Patagonia, trae consigo promesas de inversiones millonarias, pero también una alarmante falta de regulación. La firma de un acuerdo entre Sur Energy y OpenAI, que podría significar una inversión de hasta 25 mil millones de dólares, se convierte en una cortina de humo ante la ausencia de normativas específicas que regulen la instalación de estas plantas. Sin reglas claras, el riesgo de un nuevo desastre ambiental se cierne sobre la región.

El Gobierno de Neuquén, a cargo del gobernador Rolando Figueroa, ha presentado un proyecto para atraer estas inversiones, pero no ha acompañado su ambición con las regulaciones necesarias. La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén admitió que no existen normativas específicas para estos centros, lo que deja un vacío que podría ser explotado por las empresas. Este tipo de inversiones, que consumen enormes cantidades de agua y energía, carecen de supervisión, dejando a las comunidades locales en una situación de vulnerabilidad.

La comparación con el fracking es inevitable. Las promesas de desarrollo económico y empleo local que acompañaron a la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta no se han materializado, y ahora se repite la historia con los data centers. Especialistas advierten que, al igual que el fracking, estas instalaciones demandan recursos hídricos críticos en una provincia donde el agua es un bien escaso. La comunidad mapuche de Añelo ya denuncia la contaminación y la pérdida de tierras, y teme que la llegada de estos centros solo agrave la situación.

A nivel nacional, la legislación impulsada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) prioriza los beneficios fiscales para los inversores, dejando de lado la protección ambiental y los derechos de las comunidades locales. La presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, señala que el RIGI es una regulación hecha a medida de grandes intereses, que no garantiza el bienestar de la población ni el cuidado del medio ambiente. Sin un marco regulatorio que contemple todos estos aspectos, la instalación de mega data centers se convierte en una amenaza latente.

Mientras las grandes corporaciones proyectan inversiones desmesuradas, la realidad de la Patagonia es otra. Las promesas de desarrollo económico son solo eso: promesas. La falta de regulación y el pasado reciente con el fracking dejan un sabor amargo en las comunidades, que ven cómo sus recursos son explotados sin consideración. La llegada de estos mega data centers podría ser simplemente un nuevo episodio en la historia de saqueo de recursos, donde el verdadero costo lo paga la comunidad.

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