Milei ignora la crisis judicial y decepciona expectativas

El discurso del presidente Javier Milei ante la asamblea legislativa del 1 de marzo llega en un momento crítico para el Poder Judicial. Con un 37% de vacantes en los juzgados nacionales y federales, la situación es insostenible. Sin embargo, desde la Casa Rosada, la respuesta es clara: no habrá anuncios sobre la justicia. Esta falta de acción expone la despreocupación del Gobierno por un sistema judicial que se encuentra al borde del colapso.

Los jueces y fiscales esperan con ansiedad una señal del presidente, pero la realidad es que las expectativas se desinflan rápidamente. Fuentes de la Casa Rosada han dejado en claro que el enfoque del discurso estará en lo económico, ignorando las urgencias del sistema judicial. La omisión de propuestas concretas para cubrir vacantes o completar la Corte Suprema, que actualmente solo cuenta con tres de cinco miembros, es un golpe directo a la credibilidad del Gobierno.

La situación es alarmante. Las reformas laborales han diluido el fuero laboral, eliminando treinta juzgados del Trabajo y congelando concursos. La transferencia de competencias hacia la Ciudad de Buenos Aires amenaza con desmantelar lo poco que queda del sistema judicial nacional. La falta de acción en este frente no solo pone en riesgo a los jueces, sino que también afecta la capacidad del Estado para garantizar justicia y equidad.

El Gobierno tiene en sus manos 203 vacantes en el Poder Judicial, pero parece más interesado en negociar con gobernadores para llenar cargos en el interior que en abordar la crisis judicial de manera integral. La danza de nombres para cubrir las vacantes ha comenzado, pero la falta de consenso y la ausencia de un plan claro hacen que la solución parezca lejana. Mientras tanto, la justicia laboral se encuentra en un limbo, y el nuevo Código Penal sigue sin ingresar al Congreso.

Milei ha prometido reformas, pero su silencio sobre la justicia es ensordecedor. La falta de un plan claro para abordar la crisis judicial no solo deja a los jueces en una situación precaria, sino que también pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en el sistema. Sin un cambio real y sin señales claras de acción, el futuro del Poder Judicial y, por ende, de la democracia en Argentina, se vislumbra oscuro.